Gobierno y sindicatos negocian el acceso a
la jubilación anticipada para los Funcionarios
También quieren premiar a los funcionarios
con más pensión si prolongan su vida laboral después de los 65 años
Los Ministerios de
Administraciones Públicas, Economía y Hacienda y Trabajo y Asuntos Sociales
están negociando con los sindicatos dar acceso a los empleados públicos a la
jubilación anticipada y 'premiarles', con un aumento de su pensión, en caso de
que decidan prolongar su vida laboral más allá de los 65 años.
Así lo afirmó
hoy el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, tras inaugurar,
junto al secretario general de la
Federación de Servicios Públicos de UGT (FSP-UGT), Julio
Lacuerda, unas jornadas organizadas por este sindicato sobre el Estatuto Básico
de la Función Pública,
que entrará en vigor el próximo lunes.
En concreto,
Sevilla explicó que lo se pretende es trasladar a la Función Pública los
acuerdos sobre jubilación anticipada y prolongación de la vida laboral
alcanzados por Gobierno, sindicatos y empresarios en la reforma de la Seguridad Social.
Según consta
en el proyecto de ley de la reforma de la Seguridad Social,
la prolongación de la vida laboral más allá de la edad legal de 65 años se
incentivará en la totalidad de las situaciones. Así, aquellos trabajadores que
se jubilen con 66 o más años verán incrementada un 2% su pensión por cada año
cotizado después de los 65.
Este porcentaje
será del 3% si se acreditan carreras de cotización de 40 años, y en los casos
en que se supere la pensión máxima, se reconocerá el derecho a percibir
anualmente una cantidad a tanto alzado, cuyo importe dependerá de los años
cotizados.
Sevilla precisó
que los Ministerios implicados y los sindicatos de la Función Pública
aspiran a llegar a un acuerdo sobre este tema y sobre jubilación anticipada en
un plazo breve de tiempo, a fin de que pueda incluirse en el trámite
parlamentario del proyecto de ley de reforma de la Seguridad Social,
actualmente en el Congreso de los Diputados.
De esta forma,
reseñó el ministro, "se levantaría la prohibición que existe en la Ley General de la Seguridad Social
de que los funcionarios puedan jubilarse de manera anticipada". En
concreto, lo que establece la Ley
es que los funcionarios adscritos al Régimen General de la Seguridad Social
sólo pueden acogerse a la jubilación anticipada si tienen 61 años cumplidos, 30
años de servicio, si han sido despedidos y si vienen del paro. Estos dos
últimos requisitos imposibilitan en la práctica que los empleados públicos del
Régimen General puedan disfrutar de la jubilación anticipada.
En cuanto a la
jubilación parcial, Sevilla reconoció que existen problemas, entre ellos el coste
que podría tener la misma, para aplicarla en el ámbito de la Función Pública.
De momento, esta cuestión se dejará aparcada hasta que finalice el trámite
parlamentario de la reforma de las pensiones. Después, el Ministerio de
Administraciones Públicas seguirá analizando cómo facilitar el acceso a la
misma a los empleados públicos.
EL ESTATUTO "DIGNIFICA
LO PÚBLICO".
Durante su
intervención en estas jornadas, Sevilla se refirió también a lo que consideró
la "ley estrella" de su Ministerio en esta legislatura: el Estatuto
Básico de la Función
Pública. Según Sevilla, esta norma, que ha sido negociada con
los sindicatos, "no es un fin en sí mismo", sino un instrumento para
dignificar la Función
Pública y a sus empleados. "Ése es el principal objetivo
de este Estatuto", subrayó.
El Estatuto,
insistió el ministro, respeta las competencias de comunidades autónomas y
ayuntamientos, que ahora deberán desarrollar sus respectivas leyes de
aplicación del mismo tomando como referencia el contenido básico que marca esta
norma. "Son administraciones mayores de edad y, por tanto, hay que
reconocerles ese mayoría de edad. Tenía que ser una ley básica, que dejara
libertad para negociar cómo aplicarlo a cada realidad concreta", añadió.
El Estatuto
mejora las condiciones laborales de los empleados públicos, cuya inmensa
mayoría "trabaja mucho y muy bien", pese a que no sienten reconocido
su trabajo socialmente, dijo el ministro. No obstante, los mecanismos de
evaluación de desempeño a los que hace mención el Estatuto ayudarán a conocer a
los ciudadanos el verdadero valor del trabajo que realizan los funcionarios.
Pese a los
muchos acuerdos y normas que se han puesto en marcha en los últimos tres años,
Sevilla admitió que aún queda mucho por hacer para seguir mejorando las
administraciones públicas. En este sentido, y entre las cosas que aún caben
hacer en lo que resta de legislatura, el ministro señaló la necesidad de
"pensar" en el modelo de Administración General del Estado (AGE) que
precisa la España
constitucional y autonómica.
"Tenemos la AGE que nos ha quedado las
transferencias, pero tenemos que buscar la que realmente necesitamos. Es una
reflexión de largo alcance, pero que no debe tener mucho recorrido. O somos
capaces de ponernos a la altura de los tiempos o nos arrollarán los
tiempos", manifestó.
Por su parte,
el secretario general la
FSP-UGT, Julio Lacuerda, agradeció la actitud "audaz y
resolutiva" que ha tenido el ministro para sacar adelante el Estatuto de la Función Pública,
una ley, dijo, que "respeta escrupulosamente la realidad española",
que consolida el derecho pleno de los empleados públicos a la negociación
colectiva, y que va a reformar "la cara de las administraciones
públicas".
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